sábado, 26 de septiembre de 2015

Tlatelolco, Iguala, Ayotzinapa


He ido a Iguala tres veces en mi vida, una de paso en un viaje turístico hace más años de los que puedo recordar; la otra cuando hacía investigación de campo sobre la guerra sucia en 2005, y la última en 2011, después de asistir al entierro de Isabel Ayala Nava, la viuda de Lucio Cabañas asesinada arteramente junto con su hermana el 3 de julio, al salir de un templo en Xaltianguis, Guerrero. El 4 de julio un amigo me hizo el favor de llevarme en coche de ida y vuelta de la ciudad de México a Guerrero. En el camino de ida habíamos escuchado historias sobre cabezas desolladas al lado de la carretera; narco-retenes donde asaltaban, violaban y torturaban a civiles indefensos; asesinatos indiscriminados de personas que ingresaban a ciertas zonas de Guerrero con placas del estado de Michoacán. Nos habían informado también que las hijas de Isabel habían recibido amenazas de muerte y que la gente temía que un comando llegara al entierro a matar a todos los presentes, como había ocurrido en otras ocasiones. El clima en el panteón era extraordinariamente tenso. Estábamos rodeados por la policía federal, miembros de un batallón del ejército y halcones del cartel que controlaba la plaza. La familia estaba destrozada, no sólo por el dolor de perder a un ser querido sino porque el crimen fue de una saña inaudita. Las mujeres, baleadas y atropelladas se desangraron en la vía pública porque el ministerio público tardó horas en llegar. Guerrero es un narcoestado y todos sabíamos que el narcoestado la mató, pero quién? Bajo qué motivos? Por qué con tanta sevicia? El entierro y el acompañamiento a la familia concluyeron alrededor de las 9:30 pm y regresamos de inmediato a la capital. Mis nervios estaban en ebullición. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, ni en mis etapas de activista, cuando la policía nos perseguía, nos gaseaba y nos golpeaba, ni cuando hacía trabajo de campo en la selva lacandona y los militares me detenían y me tomaban fotos. Mis entrañas estaban comprimidas, como si estuvieran formando un nudo muy apretado. Tenía tanto miedo que comencé a reír histéricamente, todas mis emociones estaban trastocadas. Hicimos escala en Iguala porque mi amigo tenía que recoger unas cosas en casa de su familia. Eran alrededor de las 12:00 am. Después de estar en una plaza totalmente dominada por los Beltrán Leyva pensaba que Iguala era un lugar seguro pero mi amigo me dijo que nadie salía por las noches porque la ciudad también estaba bajo control del crimen organizado y se había vuelto muy insegura. No lo hubiera imaginado nunca. Iguala, cuna de la independencia. Iguala, la ciudad a donde cualquier iba a comprar oro barato y a visitar sitios históricos… convertida en una plaza más de la narcoguerra. No nos topamos con ningún narco-retén, pero en todo el camino estaba aterrada ante la posibilidad de ver una cabeza o un cuerpo desollado, o de que nos parara una banda de sicarios y nos torturaran, violaran y desmembraran así nada más porque sí. Lo que viví el 3 y el 4 de julio me dejó con stress postraumático. Los primeros días sentía que no podía respirar, me sofocaba, me ahogaba. Durante semanas no pude dormir y cada que sonaba el teléfono pegaba un brinco hasta el techo. Después vinieron las pesadillas, el llanto inconsciente y mi obsesión por hablar de los descabezados. Durante muchos meses no podía hablar de otro tema con cada persona con la que me encontraba. Cuando viajaba fuera de mi ciudad no podía observar el paisaje de la carretera por más de dos minutos por miedo a ver una escena grotesca. Sabía que necesitaba ayuda profesional pero se suponía que yo era la que ayudaba a las víctimas. No hay nadie que ayude a los que ayudan.
            A fines del 2011 me mudé de país y no volví a saber nada de Iguala, excepto noticias esporádicas. El gran golpe vino el 28 de septiembre de 2014 con la noticia de la matanza de Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Los normalistas! Mis compitas, con los que había coincidido en tantas marchas y eventos, tan jóvenes unos y casi niños otros, pero muy conscientes y muy radicalizados todos ellos. Los primeros días la información fluía a cuenta gotas y de forma terriblemente confusa. Mi primera impresión fue que algunos estudiantes estaban escondidos y otros habían sido apresados y la policía no quería dar informes. El 4 de octubre la fiscalía del estado empezó a filtrar la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en fosas. La presión me bajó súbitamente, me dolió hasta la última capa del corazón. Después vinieron otras tantas versiones, cada una más macabra que la anterior. La versión oficial afirmaba que fueron quemados en un basurero y sus huesos triturados y arrojados a un río. Sospechaba, como todos, que esa no era la verdad, pero algo adentro de mí sí quedó calcinado y triturado. Fui testigo indirecto de la guerra de baja intensidad en Chiapas; me especialicé en el estudio de la guerra fría; investigué la masacre de Tlatelolco, la guerra sucia y sus centenas de ejecuciones y desapariciones forzadas; me tocó de cerca lo de Atenco; fui activista contra la desaparición forzada entre 2004 y 2011. Sí, había dirimido cantidades industriales de terror, pero ningún golpe dolió tanto como Ayotzinapa. Eran unos chavitos, combativos, acelerados, sí, pero unos chavitos inocentes. Quién podía haber cometido una atrocidad de esta magnitud? Cuál era el móvil de la infamia?
Yo me inicié en el activismo estudiantil a los 15 años. Mi primera acción con el contingente al que pertenecía fue participar en la toma de un autobús para ir a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, desde la Preparatoria #8 hasta el centro de la Ciudad de México (exactamente la misma razón por la que los normalistas de Ayotzinapa fueron a Iguala y tomaron camiones). Qué activista estudiantil de escuela pública no tomó un autobús en su vida porque era demasiado pobre para pagar? La diferencia es que en “mis tiempos” las probabilidades de que un camión transportara droga clandestinamente eran demasiado bajas. Si, como sugieren los miembros del GIEI, el operativo contra los estudiantes fue resultado de que tomaron camiones cargados con droga, sin que tuvieran la menor noción al respecto, toda la putrefacción del Estado mexicano y de la iniciativa privada quedaría al descubierto. El ayuntamiento de Iguala y su policía municipal, los cárteles de la droga, la policía federal, el ejército, el gobernador del estado, las empresas Estrella Blanca y Estrella Roja, todos quedarían evidenciados en su colusión con la producción y trasiego de drogas.
La tragedia de Iguala es el rostro de México, de su profunda descomposición, de la ruptura de su estructura moral, de la clase de individuos inescrupulosos y abyectos que monopolizan el poder político, económico y militar. Si en un país a unos chavitos el narcoestado les puede detener, torturar, asesinar, incinerar y desaparecer los restos sin dejar huella por haber tomado unos autobuses, y si gobierno federal se niega a hacer justicia para no revelar que el ejército participa en el narcotráfico, entonces ese país no sirve para nada, para nada. Hay que destruirlo y construir otro. Ya pasó un año, la impunidad persiste, el dolor es más agudo que nunca, las consignas no alcanzan. Pero este dolor que no nos abandona es el que nos impulsa a no rendirnos ante un enemigo que encarna la maldad químicamente pura. Tlatelolco, Iguala, Ayotzinapa, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, y no nos rendimos, carajo, no nos rendimos.

Un país que devora periódicamente a sus jóvenes


Los dioses nos robaron el tesoro
de esas almas de niños que se abrían
a la vida y al bien, cantando en coro...
Allí fue... la mañana era de oro,
Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!
Amado Nervo
El 13 de septiembre de 1847,  a más de un año de haber comenzado la invasión al territorio mexicano, el ejército estadounidense avanzó sobre la capital de México. Aunque la resistencia era inútil, el gobierno mexicano se negaba a rendirse. Se produjo así la batalla de Chapultepec, en la que seis cadetes del colegio militar entre 14 y 20 años perecieron en combate. El ejército mexicano estaba colapsado, sin dirección y sin rumbo, por eso los cadetes tuvieron que hacer frente al invasor. Dos días más tarde la bandera de las barras y las estrellas ondeaba en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. En febrero de 1848 se firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México perdió los territorios que comprenden los actuales estados de California, Nuevo México, Texas, Utah, Nevada y partes de Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming.  
De los más de 20 mil muertos que provocó la invasión, los seis cadetes se convirtieron en el símbolo de la disparidad de fuerzas y recursos, metáfora de un poder gigante que aplastaba a una nación imberbe. La historia oficial los recuerda como los niños héroes, aunque en realidad no fueron lo uno ni lo otro; se trataba de jóvenes sacrificados por un gobierno fantasmagórico que, si bien era incapaz de organizarse para presentar una defensa unificada, estaba dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias por un concepto abstracto de honor nacional. A principios del siglo XX el escritor Amado Nervo les dedicó el poema  “Los niños mártires de Chapultepec”,  cuyo verso más recordado es: “Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!”.
***
El 23 de septiembre de 1965 trece guerrilleros del Grupo Popular Guerrillero tomaron por asalto el cuartel militar del pueblo de Madera, en las faldas de la Sierra Madre Tarahumara, en el estado de Chihuahua. De los atacantes, cayeron en combate Arturo Gámiz, Pablo Ramírez, Oscar Sandoval, Emilio Gámiz, Miguel Quiñones, Rafael Martínez, Salomón Gaytán y Antonio Scobell, así como siete militares. Los cinco guerrilleros sobrevivientes se reintegraron a actividades clandestinas. Todos ellos tenían eran estudiantes y maestros entre 17 y 25 años de edad, excepto Gómez de 35. Los cadáveres de los guerrilleros fueron profanados y exhibidos públicamente, para después ser enterrados en una fosa común, por órdenes del gobernador Práxedis Giner Durán, quien pronunció la frase célebre: “Querían tierra? Pues denles tierra hasta que se harten!”. Al día siguiente decenas de personas fueron detenidas y un civil fue asesinado. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó un despliegue extraordinario de fuerzas terrestres y aéreas para acabar con lo que quedaba del GPG en la sierra. Sin embargo, también decretó el reparto de tierras entre los campesinos de la región, que era una demanda por la que los movimientos sociales habían peleado por años. Se considera que este episodio marcó el nacimiento de la izquierda armada socialista en México, así como el inicio de la guerra sucia, una guerra tan secreta que fue exitosamente ocultada por el gobierno y los medios durante décadas. La memoria del periodo comenzó a ser rescatada y reivindicada a partir del año 2000, tras el fin de setenta años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En estos días los guerrilleros de Madera ya no son vistos como gavilleros y terroristas, como los calificaba la prensa de la época, sino como luchadores sociales que acudieron a un método de lucha que era legítimo en sus circunstancias. En el congreso del estado de Chihuahua se inscribirá con letras de oro: “Mártires de Madera de 1965”. Decenas de libros, artículos, documentales y una película rememoran esta gesta. La conmemoración del 50 aniversario del asalto al cuartel Madera suscitó una cascada de actividades y eventos sin precedentes. En la obra plástica alusiva, hay dos leyendas que se repiten: “ellos sabían por qué” y “Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!”.
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El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa concluyeron una actividad en la ciudad de Iguala y tomaron unos autobuses para regresar a su escuela, cuando fueron baleados por la policía. En el transcurso de la noche, tres estudiantes y tres peatones fueron asesinados, 40 personas fueron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos-desaparecidos. Al día siguiente el cadáver torturado de uno de los estudiantes, Julio César Mondragón Fontes, fue arrojado a la vía pública, sin rostro y sin ojos. Los estudiantes tenían entre 18 y 25 años de edad. Las versiones iniciales de los hechos provocaron confusión y especulaciones. Todo parece indicar que el ataque fue un esfuerzo concertado entre el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, las policías municipal y federal, el cártel de Guerreros Unidos, y el 57avo batallón de infantería del ejército mexicano.  El gobierno de Guerrero y el gobierno federal llevaron a cabo investigaciones tendenciosas que apuntaban al objetivo de ocultar la intervención del ejército. La versión oficial es que el cártel de Guerreros Unidos incineró a los estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero y recogió las cenizas para triturarlas y arrojarlas en bolsas de plástico al río San Juan. Los restos recuperados se encontraban en un estado que hacia imposible su identificación genética, y sólo el perfil genético del desaparecido Alexander Venancio pudo ser debidamente verificado. A partir de la búsqueda de los 43, decenas de fosas con cadáveres incinerados o en alto grado de descomposición han sido encontradas en el área, pero ninguna corresponde a los restos de los normalistas. La investigación oficial fue desestimada en fechas recientes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Ellos sugieren una hipótesis alternativa: que uno de los camiones tomados transportaba estupefacientes o dinero y que esto provocó la movilización de la fuerza pública coludida con los cárteles de la región. En otras palabras, el aparato del narcoestado actuó en su totalidad para defender sus mercancías/ganancias. A la fecha, no tenemos ninguna certeza de lo que ocurrió con los estudiantes desaparecidos, pero en la memoria pública no están vivos ni muertos. El movimiento por la verdad y la justicia se mantiene en pie de lucha. De los más de 150 mil muertos y desaparecidos mexicanos que ha provocado la narcoguerra que inició en el 2006, los 43 desaparecidos y los seis asesinados han sido los únicos que han logrado conmover a la opinión pública nacional e internacional. Una vez más el gobierno mexicano mata a sus jóvenes, a sus estudiantes. “Septiembre estaba en flor... ¡y ellos morían!”.

martes, 23 de diciembre de 2014

Elisa Irina Sáenz Garza, guerrera y mártir

Por Elvia Jiménez de Sáenz*

Elisa Irina fue mártir de la Guerra Sucia Mexicana en el mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Personas semejantes a ella se organizaron en la clandestinidad transformando su actividad política abierta y de frente al Estado, en oculta y secreta. Fue una época de formación de guerrillas de jóvenes idealistas, personas muy avanzados en sus concepciones políticas y sociales que respondieron al horror y a los crímenes del Estado y al Ejército en el asesinato de cientos de civiles de todas las edades en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre 1968. Un golpe fuerte a México, fuerte de indignación y desconcierto, pero al mismo tiempo de una gran exaltación y efervescencia de los ideales de vida en la libertad y en la justicia que provocaría transformaciones políticas profundas en el país y que motivaron a muchos jóvenes estudiantes y ciudadanos mexicanos a responderle al Estado con vigor, valentía y bravura. Poder conseguir con su energía y firme determinación, lograr desaparecer a un Estado Autoritario y Criminal ; el de Gustavo Díaz Ordaz. En 1968, Elisa Irina tenía 22 años y un año después se integra completamente a las Fuerzas de Liberación Nacional.
Elisa Irina se retira de la vida pública pocos días después del triunfo del movimiento estudiantil de Monterrey de 1971, que logra ganar la Autonomía de la Universidad de Nuevo León y una ofensiva a la iniciativa privada de Monterrey, que obligó al Gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano a renunciar en los primeros días de junio de 1971, pero que originó en la Capital de la República el asesinato de decenas de estudiantes y desapariciones. Un Crimen de Estado más llevado a cabo por Los Halcones, el jueves de Corpus 10 de junio de 1971, comandados por el Regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez en el mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez. Dos años después, a pocos a días del Golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fecha en que fue depuesto y muerto Salvador Allende, el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada cuando acudía muy temprano a su empresa, la Cervecería Cuauhtémoc, fue muerto por sus secuestradores en un fallido secuestro a su persona. Eugenio Garza Sada era uno de los baluartes fuertes de los empresarios regiomontanos. Su muerte desató una persecución mortal. Lla ofensiva del Estado junto a la Iniciativa Privada desataron con furia una persecución inmediata que llegó a todos los rincones del país y a Chiapas indiscriminadamente, unos meses después. Posterior a la muerte del empresario se formaron grupos paramilitares en Monterrey y otras ciudades del país: Los Escuadrones de la Muerte, escuadrones que asesinaban a pleno día, regaron de muertes las calles del país, de estudiantes, maestros y muchos civiles, sembrando el miedo, un terror que se sintió hasta los huesos. En los primeros meses de 1974, Elisa Irina es detenida en Chiapas, torturada y asesinada impunemente en el Campo Militar No. 1.
Luis Echeverría Álvarez acentuó la Guerra Sucia del Estado Mexicano; Fué a la caza y asesina a cientos de jóvenes que firmes se oponían a su gobierno. En su lucha los jóvenes opositores prometían cambios políticos y sociales profundos, exaltados por la realidad criminal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la masacre del 2 de octubre de 1968 que continua hasta la fecha, ahora en el alzamiento de Ayotzinapa.
En 1974 fueron asesinados la mayoría de los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional a las cuales Elisa Irina perteneció. Las Fuerzas de Liberación Nacional fueron los precursores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ejército de indígenas avasallados por siglos y hasta hoy sublevados desde 1994, contra el Estado Neoliberal Mexicano. Elisa Irina es la joven regiomontana heroína de la lucha política que enarbola un cambio profundo en las instituciones mexicanas empedernidamente corruptas. Elisa Irina siempre estará en los corazones de sus familiares y amigos, será siempre un ejemplo que continuar, de una lucha frontal contra el mal gobierno.

*La profesora y activista Elvia Jiménez de Sáenz fue esposa del militante y dirigente de las FLN Mario Alberto Sáenz Garza. Agradecemos que comparta su valioso testimonio en este espacio.

domingo, 26 de octubre de 2014

Ayotzinapa, las fosas y el Estado-nación mexicano

En el 2003 inicié una investigación histórica que me llevó a descubrir el horror de las desapariciones forzadas en México durante la Guerra sucia de los 60 y 70. Después de varios años de profundizar en el tema, llegué a la conclusión de que no menos de 1500 personas habían sido desaparecidas por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno durante esas décadas. Sin embargo, debido a que a la mayoría de las desapariciones se registraron en áreas rurales incomunicadas y a que los familiares de las víctimas estaban física y socialmente aislados e imposibilitados para denunciar los hechos, cabe la posibilidad de que esa cifra haya sido mayor.
          En el 2004 me sumé a la lucha por la presentación de los detenidos-desaparecidos por razones políticas. En el proceso también descubrí comités de familiares de Sinaloa, Tijuana y Chihuahua que estaban buscando a sus desaparecidos de fechas recientes. Estas víctimas habían sido “levantadas” por motivos inciertos, aunque claramente no políticos. Los autores materiales de las desapariciones eran desconocidos, aunque en algunos casos había testigos de que habían sido sicarios o policías coludidos con el crimen organizado. En el horizonte de normalidad que operaba en el México de aquel entonces, era común que a una persona vinculada con los cárteles de la droga la abdujeran, torturaran y mataran, y que después el cadáver fuera disuelto en ácido, desmembrado o enterrado en una fosa clandestina. Sin embargo, el salvajismo de los criminales parecía algo muy ajeno a la “gente de bien”. Si uno no se metía con ellos –pensábamos- uno estaba sano y salvo en ese otro México paralelo, el de instituciones corruptas e ineficientes pero que tal vez, algún día, por milagro, por inercia, por obra del espíritu santo, o por lo que fuese, se perfeccionarían.
          Un día lejano del 2005 en el Palacio Nacional presencié la manifestación solitaria de un comité de ciudadanos de Sinaloa y Baja California (la Asociación Esperanza si mal no recuerdo). Colocaron fotografías de los desaparecidos, la mayoría hombres y mujeres jóvenes. No puedo precisar con exactitud el número de casos que llevaban, pero era tan elevado que me sorprendió. El representante del comité me contó que los criminales habían recrudecido la práctica de tomar venganza contra familias enteras (la famosa “vendetta”), aún si la mayoría de sus miembros no tenía ninguna relación con el narcotráfico. En otras palabras, por los errores de un individuo, hasta cinco o más podían pagar las consecuencias. Lo que parecía inusitado era que los verdugos no se conformaban con matar a sus víctimas y dejar que sus deudos las enterraran, sino que de forma deliberada las “levantaban” para no dejar evidencia del proceso de eliminación. El énfasis en la desaparición del cuerpo del delito era un hecho tan fortuito que no parecía tener una explicación lógica, dados los niveles de impunidad tan característicos del sistema de justicia. Mantuve este dato inquietante en la memoria, pero nunca preví que podría desembocar en algo tremebundo. En esos años la alternancia democrática alimentaba el optimismo de muchos y el sano escepticismo de otros, pero nadie auguraba el apocalipsis.
          Las cifras de desaparecidos se incrementaron de forma lenta pero constante durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), aunque el estigma de ser prácticas relacionadas con el crimen organizado las mantenía al margen de la esfera pública. En cambio, el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hizo de la “guerra contra el crimen organizado” y su difusión el eje central de su plataforma política. Durante seis años los mexicanos fueron sometidos a la difusión sistemática de enfrentamientos, ejecuciones, masacres, levantones, profanación de cadáveres y todo género de horrores. La impotencia para contener la ola de sangre parecía total, la sociedad terminó extenuada, la apatía devino estrategia de sobrevivencia. En ese clima de ansiedad, hartazgo y desgaste, en 2010 un grupo de organizaciones de derechos humanos lanzamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y publicamos el manual "¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?". Advertimos que la frecuencia, la cantidad de episodios que derivaban en una desaparición y el número de personas que eran desaparecidas en cada evento se habían incrementado alarmantemente. Algunos ya empezaban a hablar de una catástrofe humanitaria.
          La Campaña fue un esfuerzo importante pero no logró aglutinar a todas las organizaciones involucradas en esta problemática por la negativa de algunos comités de familiares a mezclar las desapariciones forzadas de luchadores sociales con las desapariciones de civiles sin actividad política. Dentro de estos civiles una gran cantidad, quizá la mayoría, no tenía nexos con el crimen organizado tampoco, por lo que su desaparición se hundía en el más profundo misterio. (A estos desaparecidos he optado por llamarlos “neutrales”, aunque en el discurso oficial son llamados “daños colaterales”). Para quienes trabajábamos con desaparecidos políticos empezó a ser cada vez más evidente que las fuerzas de seguridad tenían una gran corresponsabilidad en los mal llamados “levantones”, ya fuera por acción, aquiescencia u omisión. La colusión entre el crimen organizado, las policías y las fuerzas armadas era absoluta en los estados que registraban el mayor número de desapariciones: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Para los familiares de los desaparecidos neutrales esta fue una realidad difícil de aceptar, pues si el propio Estado era el responsable de los crímenes, ¿quién podría hacerles justicia?
          Ciudad Juárez, Chihuahua había sido el epicentro tradicional del descubrimiento de fosas clandestinas durante la década de los noventa, pero la situación cambió dramáticamente con la guerra contra el crimen organizado iniciada en diciembre de 2006. A partir del 2010 el descubrimiento de las llamadas “narcofosas” se hizo rutinario en otros estados de la república. En cada fosa eran hallados de 10 a 70 cadáveres. En mayo del 2010 fueron encontrados 55 cuerpos en una mina abandonada de Taxco, Guerrero, algo que no generó una reacción especial debido a que ese estado se ha asociado históricamente con niveles extremos de violencia. En julio de 2010 fueron encontrados 70 cuerpos en fosas en Nuevo León, un hecho sin precedente en ese estado, que evidenció el poder de Los Zetas en la entidad. Sin embargo, esto pasó a segundo plano ante la revelación de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010, que dejó al descubierto la cooperación entre Los Zetas, las fuerzas de seguridad y los agentes de migración. Tres meses más tarde, en el municipio de Acapulco, Gro. -el mundialmente famoso destino turístico de México- fue descubierta una fosa con 20 cadáveres de turistas michoacanos salvajemente torturados. En abril de 2011, en la misma localidad de San Fernando, Tamp. fueron localizadas fosas con al menos 193 cuerpos.  La masacre de 52 civiles en el Casino Royale en agosto de 2011, a plena luz del día, en un lugar céntrico de la ciudad de Monterrey, N.L. sepultó la atención en hechos pasados. Y desde luego, un nuevo hecho lacerante impidió que se digiriera el horror previo: el descubrimiento de 340 cadáveres en fosas clandestinas en el estado de Durango en febrero del 2012. En diciembre de 2013 se exhumaron 76 cuerpos en La Barca, Jalisco. Un método de exterminio que había sido típico de los estados fronterizos, comenzó a hacerse extensivo a otras regiones del centro y sur del país. Fosas con un rango de 10 a 40 cadáveres han sido encontradas en Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México y Veracruz de 2012 a la fecha. En diciembre de 2012 se localizaron 1800 huesos en Tijuana, Baja California, disueltos por el tristemente célebre “Pozolero”. En febrero de 2014 se encontraron 500 restos humanos en fosas de Coahuila y no se pudo determinar el número de víctimas. Los criminales ponen cada vez más empeño en la eliminación de evidencias, por lo que destazan a las víctimas y después les rocían ácido o gasolina para quemarlas.
           Es evidente que hay una correlación entre las miles de familias que exigen la presentación de sus desaparecidos y estos hallazgos macabros. Sin embargo, por falta de voluntad institucional, y pese a la gravedad de los hechos, México no cuenta con un equipo de antropología forense de primer nivel, ni con la tecnología indispensable para hacer un trabajo cuidadoso de localización, exhumación, preservación e identificación de los restos. La mayoría de los cuerpos encontrados son enterrados en fosas comunes, sin haber sido identificados. No existe un padrón nacional de desaparecidos -sólo una vaga lista de 22, 322 nombres-, como tampoco un banco de ADN. 
La propaganda oficial ha insistido hasta ahora en que la mayoría de las víctimas de la guerra son delincuentes, en otras palabras, que los narcotraficantes están cometiendo un exterminio masivo de narcotraficantes. El gobierno simula olvidar que los narcotraficantes están armados hasta los dientes: es verdad, se matan entre ellos, pero también tienen la posibilidad de defenderse. Una posibilidad de la que el ciudadano ordinario adolece. Sin embargo, es inevitable preguntarse, ¿por qué los criminales están desapareciendo civiles de forma masiva? Los defensores de derechos humanos convertidos en detectives han averiguado las causas: tráfico y trata de personas con fines de explotación laboral y comercio sexual, tráfico de órganos, reclutamiento forzado para los ejércitos paramilitares, eliminación de activistas sociales que estorben las actividades ilícitas del crimen organizado, limpieza social, creación de "falsos positivos", etc.
          Es verdad, todos esos son hechos probados. Sólo quisiera añadir que la desaparición también obedece a una pedagogía del terror. Los ejércitos paramilitares desaparecen civiles como parte de su entrenamiento “profesional”. Cualquiera que pretenda convertirse en un paramilitar o sicario, debe demostrar su capacidad para ejecutar una serie de procedimientos cuya violencia patológica los hace difíciles de racionalizar. El cercenamiento de cabezas, la mutilación de extremidades o de partes específicas (dedos, orejas, pezones, testículos), la extracción de ojos, cerebro, vísceras, uñas y dientes, el desollamiento, la disolución de cuerpos en ácido, su colocación en tambos con cemento, su cremación en fosas o su destazamiento para dar de comer los restos a animales carnívoros, han sido algunas de las prácticas más características de los sicarios mexicanos. Si bien muchas de las ejecuciones se realizan con armas de fuego, los criminales tienen un particular regusto por las armas más primitivas: machetes, cuchillos, soplete, pinzas, tijeras, varas... Los criminales desaparecen porque pueden hacerlo. Lo hacen porque desde los 70, cuando arrancó la primera  guerra contra las drogas (la así llamada "Operación Cóndor", pese a que esa ave no existe en México), no ha habido ninguna autoridad civil, militar, religiosa, ni de ninguna índole capaz de detenerlos. Lo hacen porque hasta ahora, no han tenido consecuencias: la maquinaria de drogas, terror y guerra es más lucrativa que nunca y la clase política ha sido una de sus principales beneficiarias. El narconeoliberalismo se ha convertido en la piedra angular del necrocapitalismo.

Los 43
          La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero evidenció el modus operandi de las fuerzas de seguridad en la presente guerra, atrayendo más atención internacional que cualquier otro hecho sangriento previo. Esto es así no sólo porque la participación de la policía fue pública y visible, sino porque nunca un número tan grande de estudiantes había sido masacrado en México desde el 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar de los Halcones mató a aproximadamente 42 estudiantes en la Ciudad de México. Es curioso que el número de muertos comprobados de la matanza de Tlatelolco del ‘68 sea de 44, si bien el número de víctimas que se ha especulado oscile entre 150 y 300.
          42, 43, 44 o 300, los estudiantes nunca deberían ser masacrados por ningún motivo. La principal víctima de este conflicto, sin embargo, no son los estudiantes o los civiles neutrales, sino la idea imaginaria que teníamos de pertenecer a una nación llamada México. Eso es lo que para mí quedó sepultado en las decenas de fosas que se han encontrado entre septiembre y octubre del 2014 en Iguala, Guerrero, albergando más de 50 cadáveres, y que vienen a ser como el último clavo en el ataúd de la degradación nacional. Esta muerte del nacionalismo queda bien resumida en la filosofía de vida de un criminal, recogida en el documental “De Panzazo!”: “a poco si tú fueras narco, y sabes que estás ganando pero el buti de millones cada mes, vas a decir ‘no pues porque cambie el país voy a dejar de ganar tantos millones’, chingue a su madre, que se mueran los que se tengan que morir mientras yo esté bien”. El narconeoliberalismo está logrando la destrucción del Estado-nación mexicano. No sé si nosotros seremos capaces de resucitarlo, pero quiero aferrarme a la esperanza de un México, o muchos Méxicos, construidos bajo principios humanos, civiles y morales.

P.D. Intuimos la verdad sobre el cruento destino de los compañeros desaparecidos, pero exigimos que el gobierno federal deje de administrar la mentira con el propósito infame de proteger su imagen y hacer control de daños. Por eso, a un mes de la masacre de Iguala, seguimos diciendo: ¡presentación con vida y castigo a los culpables!



martes, 25 de junio de 2013

La relación entre las víctimas y el investigador


En 2003 una serie de coincidencias afortunadas me llevó a conocer a un numeroso grupo de sobrevivientes de la guerra sucia mexicana, así como a familiares de víctimas de la desaparición forzada y otras violaciones graves a los derechos humanos. Me sorprendió que, a diferencia de lo que ha ocurrido con las víctimas de Centro y Sudamérica,[1] las de México no tuvieran visibilidad, reconocimiento ni apoyo por parte de ningún organismo institucional o no gubernamental, nacional o extranjero. En el transcurso de mi investigación sobre la guerra sucia y los abusos masivos a los derechos humanos, de forma espontánea se fue tejiendo entre algunas víctimas y yo un vínculo de solidaridad y afecto, trenzado por nuestra búsqueda común de la verdad histórica. A lo largo de ocho años acompañé a las víctimas por un sendero truculento, lleno de escollos insondables, sin otra aspiración que ayudarlas en sus reclamos frente al Estado, demandando la presentación de los desaparecidos (vivos o muertos), castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y reparación integral del daño. Con algunas familias se consolidó una relación fraterna, sincera e impermeable al paso de los años.  En otros casos la experiencia fue amarga y dramática, pero digna de reflexión. Así, puedo decir que aunque la idea de comprometerse moralmente con las víctimas pueda sonar excesiva por su carga de parcialidad y sus muchos aspectos frustrantes, tiene también otros muy gratificantes y enaltecedores.
Yo acepto haber roto una regla de oro del investigador: no involucrarse o establecer compromisos con personas que directa o indirectamente son parte del objeto de estudio. Ese enfoque aséptico, basado en una presunta neutralidad, me resultaba harto chocante. Considero que la Historia debe servir no sólo para nutrir la erudición de académicos entusiastas o la pasión por el conocimiento de los grandes sabios. La Historia debe servir, también, para ayudar a gente concreta a resolver problemas concretos, y eso fue lo que yo conseguí con mi investigación. Ayudar a decenas de personas a esclarecer qué habían hecho sus familiares después de pasar a la clandestinidad, cómo había sido su vida al interior de las organizaciones armadas, en qué circunstancias habían sido detenidos y desaparecidos, tuvo un valor terapéutico extraordinario. Es algo de lo que siempre me sentiré muy orgullosa, pues no sólo tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, reconstruyendo las piezas del rompecabezas, sino que hicimos frente tanto a la perversidad del Estado mexicano como a la de comités autoproclamados defensores de derechos humanos que pretendían detentar un monopolio sobre el tema y que negaban a las víctimas el derecho a tener la iniciativa de buscar información por su cuenta, así como a exigir una reparación integral del daño.  Nuestra estrategia fue dar la batalla jurídica contra el Estado e ignorar a quienes nos señalaban con su sospechoso dedo acusador.
Es mi deseo explicar las diferentes reacciones que observé entre las víctimas a lo largo del proceso, pues es algo que viví en solitario pero quizá pueda ser de utilidad a investigadores que transitan por un camino semejante al mío. Lo primero que hay que entender es que las víctimas no son la fuente de la verdad. El hecho de que hayan sufrido situaciones traumáticas no las convierte en entes intocables e incuestionables. El investigador debe tener la habilidad de evitar preguntas o situaciones que conduzcan a una revictimización, pero también debe tener el cuidado de no ver en la víctima a una fuente pura. La clave está en aprender cómo trabajar con una memoria traumatizada. Para hacer frente al dolor, dar sentido a situaciones que parecen carecer de él y responder interrogantes en medio de un silencio o un desconocimiento apabullante, algunas víctimas fabrican recuerdos de forma involuntaria, aseguran haber participado en hechos que no tuvieron lugar o haber visto o platicado con personas en fechas que resultan imposibles. Esto puede ser un poco desconcertante al principio, pero si se entiende que la psique de las víctimas apela a estrategias de autoprotección, lo que aparece como mentira, rumor o leyenda bajo una perspectiva racional, cobra sentido e incluso se vuelve una pieza necesaria para entender la complejidad del fenómeno. Así, mal haría el investigador en acusar a la víctima de ser mitómana o fantasiosa, sin entender el trasfondo. Desde luego, es problemático que la víctima se asuma como la fuente de la verdad por haber vivido aquellos hechos que el investigador reconstruye, o incluso, por su mero parentesco con los protagonistas. En casos extremos, hay víctimas que apelan al chantaje moral: su sufrimiento es el índice inmediato de su verdad; al desacreditarlas el investigador les echa sal en la herida. Esta clase de víctimas terminarán disgustadas con el investigador por no haber suscrito su versión o no haberle dado centralidad en su narrativa; eso es inevitable, son los gajes del oficio. Si la víctima se presta al diálogo abierto, el investigador puede explicarle pacientemente por qué adoptó tal postura. En contraparte, también es posible encontrar víctimas que por su nivel educativo tienen una visión más rica, compleja y crítica, incluso autocrítica. Sus testimonios parecen oro molido, sin embargo, el investigador no debe caer en la trampa de pensar que la víctima siempre tuvo ese nivel de análisis y crítica. No se debe perder de vista que las personas cambian todo el tiempo y que su reconstrucción de los hechos está inevitablemente permeada por acontecimientos y reflexiones posteriores.
Por otra parte, el investigador siempre tiene que ser cuidadoso con el tipo de preguntas que hace a las víctimas. Hay aspectos íntimos o subjetivos cuya remembranza puede ocasionar dolor a la víctima. Al margen de si aportan o no a la investigación, estos temas deben ser evitados a menos que el investigador tenga entrenamiento en psicología y pueda manejar un momento de catarsis. Hay también, preguntas aparentemente inofensivas que incomodan a las víctimas, en algunos casos porque se trata de cosas que se da por sentado que la víctima debe saber, pero no es el caso, en otros porque la víctima no entiende por qué esa información es de utilidad para el investigador, entonces puede manifestar desconfianza o rechazo frente a él. El investigador debe siempre hacer gala de integridad, honestidad y transparencia, a fin de ganarse la confianza de las víctimas. Desde luego, habrá algunas que manifiesten un rechazo apriorístico y que nunca le den al investigador ni siquiera la oportunidad de exponer su punto, en esos casos no queda más que alejarse. Y puede presentarse también el caso opuesto. En mi experiencia, hubo gente que estaba resentida conmigo porque nunca los busqué para entrevistarlos y empezaron a difundir especies sobre mi persona. En otros casos, hubo víctimas que se sintieron amenazada por la manera en que mis hallazgos podían modificar su versión de los hechos y, sin conocerme ni haber nunca coincidido en ningún ámbito, también fabricaron rumores sobre mi trabajo. El investigador tiene que estar preparado para eso. En un espacio marginal, en el que las víctimas han sufrido largamente en silencio y todo lo que han hecho o dejado de hacer ha estado en la penumbra, es natural que se produzcan reacciones paranoides, de recelo y de rechazo. Al principio las calumnias, proviniendo de las propias víctimas, pueden tener cierto efecto desestabilizador, pero al final no queda más que tomarlas con templanza. La acusación más frecuente en esos ambientes es la de ser policías. Una parte de mis colegas investigadores y la mayoría de activistas de los derechos humanos que trabajan con víctimas de la guerra sucia han estado bajo la sospecha de serlo. Las víctimas vivieron por décadas sin que ningún periodista, investigador o defensor de derechos humanos se ocupara de ellas y al principio no sabían cómo procesar el hecho de convertirse de pronto en un objeto de interés y estudio, pasando de un ámbito exclusivamente privado y cuasi secreto a uno público.  Por otra parte, algo que también desconcierta a las víctimas es que el investigador llegue a saber más que ellas. Su razonamiento es: “¿por qué él sabe más que yo, si yo lo viví? Debe ser de la policía”. Aunque esta forma de pensar nos parezca absurda, debemos enfrentarla con madurez. Puedo asegurar que la mayoría de las víctimas se presta para el diálogo cuando constata la transparencia del investigador. Son pocos los casos en que la víctima persiste en su rechazo apriorístico y su afán de desenmascarar al presunto impostor.  En esos casos, no queda al investigador más que defenderse en público y en privado de tales calumnias. Lo peor que puede hacer –y lo digo con conocimiento de causa– es ignorar a sus detractores y no darle ninguna importancia a su capacidad para hacer ruido y propagar rumores falsos.
Por otro lado, es importante considerar la cuestión de género. Algunas mujeres tienden a sentirse más cómodas ofreciendo su testimonio a otra mujer, y son más parcas con los hombres. Por el contrario, hay algunos hombres que piensan que las mujeres son como huéspedes en un ámbito fundamentalmente masculino (recordemos que se trata de testimonios de guerra), y su preocupación por la manera en que los percibe el género opuesto puede modificar su testimonio, enfatizando ya sea la heroicidad o la victimización. Desde luego, también hay hombres y mujeres con concepciones de género más equitativas.  
Otro aspecto que me gustaría destacar es la posible dependencia de la víctima hacia el investigador con orientación en derechos humanos. Es cierto que la víctima idónea es la proactiva, la que aprende las estrategias legales, jurídicas, mediáticas, informativas, etc. para defender su caso y las pone en práctica, pero al menos en México ese tipo de víctima escasea, pues la mayoría de aquellos que sufren tortura, cárcel injustificada, desaparición forzada o ejecución extrajudicial pertenecen a estratos sociales bajos o medio-bajos. Cabe recordar que en la Argentina ocurrió lo opuesto, pues una gran cantidad de víctimas eran de clase media y media alta y eso permitió la canalización de muchos recursos (monetarios, materiales, intelectuales, etc.) hacia las agrupaciones de derechos humanos, lo que a la larga les permitió obtener conquistas fundamentales. En México las víctimas y sus escasos aliados no cuentan con la escolaridad, los fondos económicos ni las redes sociales adecuadas para luchar contra el Estado. Por ende, a veces resulta difícil establecer los límites del trabajo profesional en relación con las necesidades de las víctimas. Por ello, el investigador debe delimitar claramente sus funciones y no comprometerse a hacer algo que rebase sus capacidades.
Todos los casos son relevantes y demandan un gran esfuerzo, pero el investigador cometería un error al pretender atenderlos todos o incluso pretender ir más allá de lo humanamente posible. Lo más factible es que no llegue a revisar a fondo y a dar seguimiento más que a una decena de casos (desde luego, eso dependerá de su propia agenda de investigación y de su financiamiento). Al principio de mi investigación pensé que podía documentar todos los casos de desaparición forzada, pero eso resultó inviable. Además, uno de mis errores más grandes fue haber creído que, una vez agotado el trabajo en los archivos de la policía y el ejército, sería posible localizar otras fuentes (orales o documentales) para dar con el paradero de los desaparecidos, y de algún modo transmití ese optimismo a algunas víctimas, lo cual fue contraproducente. Al final aprendí que la experiencia argentina era la más ilustrativa en ese terreno: sólo un poderoso movimiento social que reivindique a las víctimas del terror de Estado frente a un gobierno sensible y dispuesto a hacer justicia puede lograr que se produzcan iniciativas institucionales para buscar a los desaparecidos.
Algunos activistas se sienten frustrados con las víctimas porque éstas no muestran disposición para insertarse en la lucha social. Creo que se debe entender que la represión tiene efectos diferenciados entre las víctimas: a algunas las moverá al terreno de la lucha, pero a otras las inhabilitará de por vida.  A una víctima que nunca ha participado en ningún movimiento social y que no pertenece a ninguna red política, difícilmente se le puede exigir que improvise a consecuencia de su circunstancia de víctima. En algunos casos, las víctimas con mayores niveles de resiliencia pueden ser más colaborativas, pero en definitiva trabajar con víctimas despolitizadas es un reto muy grande, pues al no tener iniciativa propia o los recursos necesarios, acudirán siempre al investigador o al defensor de los derechos humanos para que hagan las gestiones que a ellas les corresponden. En este caso mi actitud ha sido ambigua: si bien al principio aceptaba actuar a nombre y representación de las víctimas, con el paso del tiempo establecí los límites de mis funciones y en qué cosas podía y no podía auxiliarlas. Hay que admitir que aún cuando aparentemente sea poco lo que uno puede hacer por las víctimas, es algo que difícilmente alguien más hará.  Es probable que mi única contribución consista en haber rescatado a una docena de víctimas del olvido, ayudar a sus familias a obtener información sobre ellas y presentar denuncias en la PGR. Eso puede parecer poco, pero en el contexto en el que se produjeron los hechos fue suficiente. Senté las bases sobre las cuales las familias pueden exigir justicia legalmente y presentar sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque eso dependa de ellas, no de mí. No es juicioso pretender ir más allá de las posibilidades reales o la voluntad de las víctimas.
Es muy importante que se evite generar falsas expectativas. En el caso de la desaparición forzada, es adecuado ayudar a la víctima a lidiar con la incertidumbre: no sabemos si su familiar está vivo o muerto, en eso consiste el hecho atroz de su desaparición. Fomentar en la víctima la idea de que está necesariamente vivo o la de que algo que ella haga puede ocasionarle la muerte, sólo ocasiona más dolor y frustración a largo plazo.  Desde luego, llega un punto en el que, después de 30 o 40 años las víctimas se enfrentan con la realidad de que ya no es físicamente posible que su familiar siga con vida (por edad o por enfermedad). En esos casos no se debe desalentar la lucha, sino mostrar que legalmente el derecho a la verdad, al duelo y a dar una sepultura digna a los deudo, sigue intacto.

Los focos rojos
La convivencia intensa entre el investigador y las víctimas puede dar lugar a situaciones complicadas, en las que se presentan los inconvenientes de cualquier relación humana. No es infrecuente que la víctima demande apoyo económico del investigador o que le pida otros favores que no son de su incumbencia. Se trata de dilemas éticos difíciles de sortear. Si la víctima está en una situación desesperada es inevitable negarle un gesto de solidaridad. Sin embargo, esta práctica puede volverse recurrente. La mayoría de las víctimas de Estado se encuentran en una situación económica deplorable, a consecuencia de los abusos de que fueron objeto. No es idóneo que el investigador ofrezca siempre su mano amiga, pues puede ser visto por la víctima como un benefactor, y al momento en que retire ese apoyo material o moral, puede ser percibido como enemigo y recibir las acusaciones más descabelladas (por ejemplo, la de usar a las víctimas con fines instrumentales para obtener información, entre otras). Lo más sensato para el investigador sería sugerir a la víctima lugares a los cuáles acudir para recibir apoyo económico, material, psicológico, etc., sin comprometerse a brindarlo personalmente.
Durante algún tiempo, a mis 24 años y con ingresos magros, sentí que era mi obligación ayudar a los familiares de los desaparecidos, porque nadie más lo hacía.  Si bien encontré algunas víctimas que, por el contrario, sentían que era su deber apoyarme monetariamente con mi investigación, que era autofinanciada, también encontré a otras que pensaban que la sociedad estaba en deuda con ellas y que todos éramos responsables de su sufrimiento, por no haber mostrado interés ni solidaridad ante sus tragedias individuales y colectivas.  Había víctimas que sólo pedían favores cuando en realidad lo necesitaban, en cambio, había otras que, no contando con actividades remunerativas, se dedicaban a pedir dinero o a buscar beneficios derivados de su posición de víctimas. En estos casos tuve desacuerdos profundos que derivaron en roces, e incluso en choques frontales. Recientemente me enteré que hubo una víctima que pidió dinero a mi nombre, argumentando que yo haría un peritaje histórico sobre el caso de su madre desaparecida. Este hecho reprobable es sólo el pináculo de una serie de actitudes erráticas de alguien que tuvo la astucia de manipular a varias personas amparándose en su discurso de víctima. Cuando se suscitan estos hechos desagradables, no queda más que asumir los errores propios y deslindarse públicamente de prácticas deshonestas.  Aún cuando el abuso de confianza por parte de una víctima es más bien la excepción y no la regla, el investigador debe estar prevenido contra él. De ninguna manera se trata de linchar a la víctima (por eso me he ahorrado el nombre de mi timador), sino de alejarse de ella y señalar (en público o privado, según lo demande el caso) las razones por las que no se puede tener ningún vínculo con ella.
Otro hecho, menos grave, pero sobre el que también debe ser advertido el investigador es el de las relaciones interpersonales con las víctimas. No es extraño que se produzcan relaciones de compañerismo y amistad, y en casos excepcionales, de noviazgo. Es fácil mantener una relación sana y cordial cuando no se transgreden las fronteras claramente establecidas desde un inicio. En caso contrario, las relaciones se pueden deteriorar drásticamente. El investigador debe ver un foco rojo cuando la víctima empieza a entrometerse con su vida privada, opinando sobre cuestiones muy personales. Es natural que las víctimas consideren que, así como ellas se han abierto con el investigador, contándole asuntos íntimos, tienen derecho a preguntar al investigador sobre su vida. El investigador debe dejar en claro que su interés por la víctima no es personal, mucho menos morboso, sino que es fundamentalmente profesional y humanitario. Así, mientras que el testimonio de la víctima redunda en un beneficio para la causa legal, el que la víctima sepa la vida privada del investigador no tiene ningún valor. Si el investigador insiste en abrir su intimidad hacia las víctimas, puede desencadenar reacciones humanas típicas, que pueden convertirse en un obstáculo para el trabajo y en un dolor de cabeza a nivel emocional.  


[1] Mi concepto de víctima abarca: 1) a los exmilitantes de organizaciones político-militares que sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada temporal, procesos penales irregulares y otros abusos a sus derechos humanos; 2) a los civiles que sufrieron los mismos abusos a consecuencia de sus relaciones de parentesco, amistad o vecindad con los insurgentes, y 3) a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, reconocidas como tales por el derecho internacional humanitario.

jueves, 14 de febrero de 2013

14 de febrero de 1974, Nepantla, galería virtual

Estas son las únicas fotos conocidas hasta ahora de la masacre de Nepantla de 1974. Por respeto a los familiares de los deudos, no se incluye la mayoría de las fotos, que corresponden a los cadáveres de cinco militantes.

https://plus.google.com/photos/100451941198701923099/albums/5844863229191807937/5844863231642470034

martes, 12 de febrero de 2013

10 años recuperando la memoria histórica y nota sobre el presente.


10 años recuperando la memoria histórica

En marzo de 2003 empecé a asistir a actividades relativas al periodo conocido como la guerra sucia mexicana. Esos eventos, marginales y modestos, reunían a un puñado de exguerrilleros que sobrevivieron a la tortura, la cárcel e, incluso, la desaparición forzada, así como a sus familiares y amigos. Los objetivos eran múltiples, pero no erraría al asegurar que el central era la reivindicación de los cientos de militantes “caídos en la lucha”. Para algunos -pesimistas respecto a las posibilidades de la alternancia democrática y la promesa foxista de investigar los abusos del pasado- dicha reivindicación debía consistir únicamente en rescatar la memoria de la lucha guerrillera, haciendo frente a quienes por décadas la habían satanizado o pretendían minimizarla.  Para otros, en cambio, sólo la exigencia de una justicia pronta y expedita para las víctimas ameritaba correr el riesgo de develar la pesada cortina de impunidad y silencio que cubría aquellos ominosos hechos.

El movimiento armado socialista mexicano no se caracterizó por grandes combates o golpes espectaculares, no hubo siquiera columnas que se hubieran batido cotidianamente contra el ejército. Sin ignorar ni menospreciar las acciones contundentes o de gran resonancia mediática, como los secuestros y algunos actos de sabotaje, podría decirse que las actividades guerrilleras a lo largo de 18 años (1964-1982) fueron escasas y de bajo impacto. No, el movimiento definitivamente no estuvo hecho de hazañas sino de muertos, un número de muertos y desaparecidos que ha sido negado o subestimado hasta el hastío por diversos actores, tanto oficiales como extrainstitucionales, sin ninguna investigación de por medio. Así, no es de extrañar que casi todas las actividades conmemorativas de aquella guerra se centraran en homenajear a los ausentes, contribuyendo a la creación de hagiografías revolucionarias. Cada drama individual nos aproximaba a descifrar la paradoja de por qué hubo más caídos que participantes en acciones armadas. Después de analizar todos los casos en conjunto, a nadie podría caberle la menor duda de que hubo un complejo organizado y dispuesto para violar el debido proceso, perseguir, asesinar, matar, torturar, desaparecer y encarcelar no sólo a los opositores sino a sus redes sociales, de una forma que, si bien no tuvo el carácter industrial del nazismo, se desarrolló planeada, maquinal y sistemáticamente.

No me resulta fácil hacer un recuento aunque sea mínimo de lo que han entrañado estos diez años de aprendizaje, investigación, escritura, búsqueda de los desaparecidos y lucha por la justicia, sin embargo, en relación con el tema, quisiera compartir la preocupación que me embarga desde que la llamada “narcoguerra” desbordó a las instituciones y a la sociedad misma, desplazando por completo el incipiente interés público por la “guerra sucia”. Mi investigación académica comenzó en el otoño de 2003, exactamente tres años antes de que Felipe Calderón declarara la guerra al crimen organizado.  El primer episodio que decidí investigar fue la masacre de Nepantla de 1974, en la que siete militantes de las FLN fueron atacados por sorpresa por la Policía Militar en una casa de seguridad, sin posibilidad de defenderse. Esta indefensión es la que me llevó a asegurar que los cinco militantes caídos habían sido ejecutados extrajudicialmente y no muertos en combate. La reconstrucción del ataque y su historia profunda (¿quiénes eran las FLN, qué hacían en Nepantla y cuáles fueron las consecuencias de este episodio?) me llevó varios meses de trabajo de archivo y de campo. Probablemente después de seis meses tuve una idea más clara sobre los protagonistas, sus actividades clandestinas y el desenvolvimiento de los hechos en el transcurso de la noche del 14 de febrero de 1974. Esta idea, que creía convincente y acabada, fue desafiada por nuevas investigaciones, especialmente la que hizo Luisa Riley para el documental “Flor en Otomí”. Yo me inclino por pensar que la saña con la que actuó la Policía Militar en Nepantla se debe a la coincidencia con el ataque de una escolta militar en Xalostoc, perpetrada por la Liga Comunista 23 de Septiembre, la misma noche del 14 de febrero, el cual tuvo un saldo de cuatro soldados muertos. Para Luisa, en cambio, se trataba de una cuestión directamente asociada con Luis Echeverría, quien tenía una casa de campo en Nepantla y, de algún modo, se habría sentido invadido en su feudo. Aunque por aquellos días Echeverría se encontraba de gira por Europa y el responsable de la seguridad nacional era el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, la hipótesis a la que podría denominarse como la del “señor feudal” también tiene elementos a su favor.

La investigación de la matanza se disparó en varias direcciones, despertando el interés de algunas personas por el tema, lo cual se vio reflejado en artículos (de divulgación o académicos), exposiciones  fotográficas y documentales. Nepantla se convirtió en una metonimia de la guerra sucia y Dení Prieto en el símbolo femenino de una generación de guerrilleros mexicanos. Nepantla, que no era más que un trozo de hielo diminuto en la punta del iceberg. Sin embargo, el peso del terror de Estado de aquellos años debe cifrarse en lo cualitativo, más que en lo cuantitativo.  Por eso, cada que alguien intenta minimizar la acción del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, es necesario enfatizar que los niveles de sevicia de la guerra sucia están directamente vinculados con la violencia desproporcionada y espectacular del crimen organizado (el cual desde luego amplió y perfeccionó la metodología del terror). El origen del mal radical está en el mal radical que lo precedió. En términos factuales, no es difícil establecer las conexiones entre la antigua escuela de torturadores de los cuerpos policiacos y paramilitares y la escuela del sicariato. Muchos militares de alto rango implicados en la contrainsurgencia también se convirtieron en piezas clave en las estructuras de los cárteles. Dos de los presidentes que participaron en la guerra sucia, jugaron un papel –por aquiescencia, acción u omisión– en la conformación de las redes del crimen organizado y el tráfico de estupefacientes. Al estudiar ese complejo entramado de intereses político-económicos se pueden advertir claramente los paralelismos y las imbricaciones entre ambos procesos, así como la simbiosis originaria entre la clase política y el crimen organizado. El mal es ciertamente un rizoma. En este caso, una de las raíces va directamente de la guerra sucia a la narcoguerra.

Nota sobre el presente
La narcoguerra ha opacado completamente los acontecimientos de las décadas de los sesenta y setenta, tanto cuantitativa como cualitativamente. Durante mi trabajo de campo fue frecuente escuchar testimonios de personas que habían sido torturadas con toques eléctricos. En la actualidad, los criminales torturan con soplete, ya sea para “dar una calentada” o para arrancar miembros del cuerpo, provocando una agonía terriblemente larga y dolorosa. ¿Qué es la picana al lado del soldador? La guerra sucia, pese a sus dramáticos episodios de terror estatal y su cúmulo de atrocidades inauditas, fue tan sólo un pequeño anticipo de lo que sería la narcoguerra. Pensar en la masacre de Nepantla, en el significado político y personal que tuvo para los sobrevivientes de las FLN (fundadores, por cierto, del EZLN), en el dolor que vivieron por décadas los familiares de los caídos -a quienes ni siquiera se les permitió recuperar los cuerpos-, y en los esfuerzos que muchas personas hemos hecho por rescatar esta memoria, evidencia la existencia de dos actitudes antagónicas ante la historia y ante la moral: una que resignifica la agencia y el valor de la vida de cada individuo y otra que los niega radicalmente. Esta última, por desgracia, es la que se ha extendido como un cáncer en todo el tejido social.

Es difícil imaginar qué será del México del siglo XXI, en donde predominan los combates diarios, los "daños colaterales", las masacres presentadas como enfrentamientos entre criminales, las prácticas de tortura llevadas a extremos bestiales y grotescos. ¿Quién investigará con paciencia y denuedo una sola de las cientos de masacres para hallar a los culpables? ¿Quién podrá encontrar el significado profundo de estas cantidades industriales de horror? ¿Quién se atreverá a romper el silencio que se hace en torno a los que gritan y claman justicia? ¿Quién podrá convencer a una sociedad enferma de miedo que la seguridad no tiene nada que ver con acumular cifras de criminales abatidos? Porque ciertamente, los números que se suman día con día a los más de cien mil muertos, veinte mil desaparecidos y decenas de miles de torturados, no comunican ningún mensaje, más allá de infundir miedo y desesperanza.

La narcoguerra ha destruido los valores humanos con los que operábamos hasta antes del 2006. Hemos perdido la dimensión de cuántos muertos son muchos y cuánto deben importarnos. Hemos optado por cerrar los ojos o concentrar la mirada en cualquier fragmento de la pared que no esté manchado de sangre. El miedo a ser baleados, secuestrados, desaparecidos o descuartizados ha provocado que seamos indolentes hasta la ignominia. La única filosofía de vida que priva es la del cinismo y la desfachatez, bajo el lema: “mientras a mí no me toque, me vale”. No importa cuánta retórica gasten algunos en decir que la guerra les importa, su pasividad los desmiente.

Estudiar la masacre de Nepantla me convenció de que ninguna contribución para recuperar la memoria o luchar por la justicia es irrelevante. Un solo esfuerzo individual, llevado a cabo de manera tenaz y sostenida, puede desencadenar procesos benéficos, y si tal esfuerzo se emprende de forma colectiva, puede resultar en algo realmente grande. Por ello, no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad y la justicia, para todos y cada uno de los agraviados por los crímenes que se han cometido al amparo de instituciones corrompidas, desde los sesenta hasta la fecha. La lucha contra un mal que parece químicamente puro es la única forma efectiva de recuperar nuestra humanidad y oponerla al salvajismo y la barbarie. Y sí, debemos voltear al pasado, porque nunca es tarde para combatir la raíz del mal. 

viernes, 29 de junio de 2012

Los desaparecidos políticos de la guerra sucia mexicana (1965-1982)

Elisa Irina Sáenz Garza (1946-?) es una de las grandes heroínas semi-anónimas de la historia mexicana contemporánea. Maestra de kínder, socialista, revolucionaria, Elisa fue detenida por el ejército mexicano el 21 de marzo de 1974 en la Selva Lacandona de Chiapas y fue torturada, violada y sometida a toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El gobierno de Luis Echeverría le negó el derecho a una defensa jurídica, la encerró en las mazmorras clandestinas del Campo Militar No. 1 y nunca la presentó ante ninguna autoridad judicial. Los subsecuentes gobiernos del PRI y el PAN se negaron a investigar y castigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Hasta el día de hoy, Elisa se encuentra en calidad de detenida-desaparecida, sin que absolutamente ninguna autoridad haya explicado su paradero, ni el de otros 1500 desaparecidos políticos de la llamada "guerra sucia". 
El partido encargado de la desaparición de cientos de ciudadanos durante los sesenta y setenta del siglo XX nunca rindió cuentas, no reveló la verdad, no expulsó de su partido a los responsables de estos delitos ni pidió perdón a la sociedad. Y no sólo eso, sino que desde aquellos años premió a los policías y militares que perpetraron estos ilícitos con la administración del negocio del narcotráfico, el principal flagelo que enfrenta México en el siglo XXI. 
Con las manos manchadas de sangre, en la total impunidad, el PRI que exterminó a la izquierda revolucionaria y promovió el narcotráfico, pretende regresar al poder y el voto femenino será determinante para que este hecho se concrete o se anule. Convoco a las mujeres a quienes les llegue mi mensaje a que tengan un minuto de empatía por aquellas que sufrieron el mismo destino de Elisa Irina, así como también a que piensen en el sufrimiento que durante cuatro décadas han arrastrado sus familiares, al no saber nada sobre su paradero. Un voto por el PRI no sólo es una burla al dolor de estos compatriotas, sino también una forma de decir que le damos la bienvenida a quienes son capaces de asesinar, torturar, violar y desaparecer civiles en la total impunidad. Los administradores de este blog se suman al llamado de la sociedad civil organizada: ¡no más terror! ¡alto a la impunidad! Este primero de julio del 2012 ¡Ni un voto al PRI!


En este link se pueden ver más fotografías de desaparecidos políticos: 

domingo, 22 de abril de 2012

Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, el genocida asesinado


Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite (1942-2012) era hijo del Gral. Brigadier Francisco Acosta Chaparro, egresó del Colegio Francés Hidalgo para inscribirse en el Colegio Militar, de donde salió en 1962 como Subteniente de Infantería. Para 1968 ya era Capitán Segundo de Infantería (al parecer fue ascendido por su actuación en el Primer Batallón de la Policía Militar, durante aquel emblemático año). En 1970 tomó cursos en los Fuertes Bragg y Benning y en 1974 fue nombrado Mayor de Infantería y se integró al Cuartel General de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. El grado más alto que alcanzó fue el de Coronel de Infantería, en 1984, aunque años después fue elevado a General Brigadier. Durante el gobierno de Rubén Figueroa fue nombrado jefe de todas las corporaciones policiacas de Guerrero (sin renunciar a la Brigada de Fusileros) y en 1981 pasó a ocupar el cargo de Director General de Seguridad Pública del estado de Veracruz. A diferencia del expediente de Quirós, en el que no hay ninguna alusión a la lucha “antisubversiva”, en el suyo aparece que por órdenes verbales del Secretario de la Defensa, fue comisionado a la 27ª ZM, en donde cooperó en la destrucción de la “gavilla” de Lucio Cabañas.[1]
Sobre Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro pesa la acusación de haber asesinado a sangre fría al mayor número de detenidos-desaparecidos durante la “guerra sucia”, por lo que su boyante trayectoria en el seno de las instituciones no fue en lo absoluto fortuita.


[1] AHS, Ramo Público, Comisión Segunda de la Defensa Nacional, C. Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, Ratificación de su grado de Coronel de Infantería, 28 de septiembre de 1984, Exp. 137 f. 19. Una síntesis de los expedientes de Quirós y Acosta se puede consultar en: Juan Veledíaz, “Al servicio de la represión”, Proceso, no. 1353, 6 de octubre de 2002, México, p. 6-11.

viernes, 27 de enero de 2012

El agente LITEMPO-12 de la CIA mejor conocido como Miguel Nazar Haro

Julius Fucik, el comunista checo asesinado por la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, conminaba a las futuras generaciones a nunca olvidar a las figuras, pero tampoco a las figurillas. Dejó así asentada su última voluntad en su célebre Reportaje al pie de la horca: "No olvidéis ni a los buenos ni a los malos. Reunid con paciencia los testimonios de los que han caído por sí y por vosotros. Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero, cuyo nombre perdura. Yo quisiera que todos ellos estuviesen cerca de vosotros, como miembros de vuestra familia, como vosotros mismos. Los nazis han exterminado a familias enteras de héroes. Amad por lo menos a alguno de ellos, como si fuese un hijo o una hija, y sentios orgullosos de él como de un gran hombre que ha vivido para el futuro. Cada uno de los que han servido fielmente al futuro y han caído por hacerlo más bello, es una figura esculpida en piedra. Y cada uno de aquéllos que, con el polvo del pasado, han querido construir un dique para detener la revolución, no son más que figurillas de madera, aunque tengan los brazos cargados de galones dorados. Pero es necesario ver también las figurillas vivientes en su infamia, en su imbecilidad, en su crueldad y en su ridículo, porque es un material que nos servirá para el futuro".
Yo quiero traer a la memoria la vida y obra de una de esas figurillas, que hoy lamentablemente ha partido sin que se haya hecho justicia. Les comparto un breve extracto de mi investigación sobre este personaje que sin duda, fue uno de los rostros más sórdidos de la guerra sucia mexicana, y que a la tumba se ha llevado el secreto sobre el paradero de un millar de desaparecidos políticos.

Miguel Nazar Haro (Primera Parte)
Miguel Nazar Haro (Tuxpan, Ver., 26 de septiembre de 1924 – Ciudad de México, 26 de enero de 2012), estudió en colegios maristas e inició la carrera de Derecho en la ciudad de Monterrey. Sin haberla concluido, se incorporó como agente a la DFS el 16 de febrero de 1960 y en 1964 fue comisionado como escolta de los padres de Gustavo Díaz Ordaz. Por una recomendación de ellos, fue enviado a tomar cursos en la Academia Internacional de Policía de Nueva York y a su regresó ascendió y escaló todas las posiciones existentes al interior de la DFS, hasta llegar a ser su Director en el periodo 1978-82.[1] 

A fines de 1965 fue nombrado comandante del Grupo de Investigaciones Especiales C-047, especializado en el combate a las guerrillas urbanas y en el que originalmente participaban tan sólo veinte elementos.[2] La CIA lo bautizó como LITEMPO-12. Fue el torturador más famoso de la “guerra sucia” y tomó entre sus manos los casos más difíciles (secuestros de empresarios y políticos, expropiaciones millonarias, fugas de presos, bombazos espectaculares, etc.).[3] Pese a no contar con carrera militar, fue nombrado teniente coronel, en atención a la eficacia de sus servicios. Como Subdirector Federal de Seguridad (1970-1978), mantuvo una estrecha coordinación con la Brigada Antiguerrillera de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia de la Dirección General de Policía y Tránsito desde 1972, y fue el principal promotor de la creación de la Brigada Blanca, en 1976. Fue Director Federal de Seguridad entre 1978 y 1982.

En 1981 Nazar fue investigado por el FBI por su participación en una red que desde 1975 se dedicaba al robo y contrabando de automóviles de lujo, que eran llevados de EUA a México y fue llamado a comparecer en la Corte de San Diego, que lo encontró culpable y lo encarceló.[4] La CIA ordenó entonces su inmediata liberación, lo que motivó que el procurador de San Diego, William H. Kennedy, diera a conocer que Nazar era la fuente de información más importante de la agencia en México y Centroamérica en relación a las organizaciones guerrilleras.[5] El inculpado pagó una fianza de doscientos mil dólares y huyó a México, violando el arraigo al que estaba sometido. Ninguna autoridad mexicana retomó las acusaciones en su contra. El hecho de que quien fuera el cuarto hombre más importante de los servicios de inteligencia durante la década de los setenta fuese simultáneamente un agente a sueldo de la CIA, no se traduce necesariamente en que la DFS fuera una sucursal de dicho organismo, pero sí denota el grado de penetración de los Estados Unidos en los asuntos internos de México.[6]



[1] La Academia Internacional de Policía, creada en 1962, fue clausurada en 1974 por las denuncias en torno a que sus responsables promovían la tortura y la brutalidad policial.
[2] En 1999, Nazar fue citado a declarar ante el MP porque un exsoldado acusó a los agentes de la extinta Brigada Blanca de haber sido los autores intelectuales del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En su declaración, dada a conocer a los medios, por primera vez Nazar dejó constancia de su trayectoria como investigador. “De su propia boca: Nazar Haro fue el creador de la Brigada Blanca”, Proceso, México, no. 1252, 30 de octubre del 2000, p. 16.
[3] Nazar jamás admitió haber sido torturador. En las entrevistas gustaba señalar que para doblar la voluntad de los terroristas asumía personalidades amistosas, de mando, de conocimientos revolucionarios, de experiencias tácticas, de abanderado libertador, de bromista y de sentimental. Nunca se refirió a los brutales métodos de tortura empleados en la DFS, ni siquiera atribuyéndolos a sus subalternos. Raúl Monge, “Los rostros de Nazar Haro”, Proceso, no. 1425, 22 de febrero de 2004, México, p. 27.
[4] El número de autos robados ascendía a cuatro mil y una parte de ellos era empleada por la Brigada Blanca para secuestrar a “subversivos”, mientras que el resto era vendido a funcionarios públicos. Otro de los acusados era el hijo de Javier García Paniagua, Javier García Morales. En el mismo proceso se ventilaron las relaciones entre Nazar y el mundo del narcotráfico. Rafael Rodríguez Castañeda, “Jefes y agentes de la Federal de Seguridad, partícipes en la compraventa de autos robados”, Proceso, no. 249, 10 de agosto de 1981, México, p. 6-9.
[5] Esta revelación le costó a Kennedy el despido. “Por ser su informador más importante, la CIA frena su juicio contra Nassar Haro”, Proceso, no. 282, 29 de marzo de 1982, México, versión electrónica en CD; Rafael Rodríguez, “Nazar, prófugo de la justicia de EU”, Proceso, no. 288, 10 de mayo de 1982, México, versión electrónica en CD.
[6] “La Federal de Seguridad, sucursal de la inteligencia norteamericana, dicen funcionarios de Estados Unidos”, Proceso, no. 283, 5 de abril de 1982, versión electrónica en CD; “Nassar, importante, pero sólo pieza en la vieja sociedad DFS-CIA”, Proceso, no. 284, 12 de abril de 1982, p. 6-11. No existe aún una investigación que pruebe si en verdad la CIA canalizaba miles de dólares al año a la DFS y si ésta en efecto funcionaba como una rama más del servicio de inteligencia estadounidense.